Que Panamá sea firmante del Acuerdo de Escazú implica un compromiso internacional para garantizar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano y acceder a la información, participar en decisiones ambientales y a la justicia ambiental. Panama se ha adherido a este primer tratado regional que busca el desarrollo sostenible a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de quienes defienden el medio ambiente.
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que se enfoca en tres pilares fundamentales para la democracia ambiental:
Acceso a la información ambiental: Se garantiza que las personas puedan obtener información sobre el estado del medio ambiente y las decisiones que lo afectan.
Participación pública en decisiones ambientales: Las personas y comunidades tienen derecho a ser consultadas y participar en los procesos de toma de decisiones que tengan impacto ambiental.
Acceso a la justicia ambiental: Se asegura que los ciudadanos puedan acudir a la justicia para defender sus derechos en casos de daño ambiental o cuando no se cumplen las leyes ambientales.
Implicaciones para Panamá como firmante:
Al ser Panamá parte del acuerdo, el país debe:
Fortalecer la gestión ambiental y la gobernanza:
Mejorar las instituciones ambientales, promover la transparencia y asegurar la rendición de cuentas.
Garantizar la protección de los defensores ambientales:
Crear un entorno seguro para las personas y grupos que trabajan en la defensa de los derechos ambientales, incluyendo a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Fomentar el diálogo y la cooperación:
Promover la colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil para lograr consensos duraderos en materia ambiental.
Incorporar la visión de derechos humanos en las políticas climáticas:
Reconocer la conexión entre un medio ambiente sano, los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático.
Promover la sostenibilidad:
Impulsar un desarrollo que beneficie a las próximas generaciones, integrando los derechos ambientales y humanos en todos los sectores, incluyendo el económico.